El fiscal federal Franco Picardi pidió trabar un embargo por más de 54 millones de pesos a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de la constructora IECSA, en la causa en la que se investigan irregularidades en la asignación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El fiscal también pidió embargar por 4 millones de pesos al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; al ex secretario de Obras Públicas José López y a directivos de otras empresas que accedieron a la obra.
El representante del Ministerio Público elevó el pedido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene la causa en la que se investiga el supuesto el pago de sobornos de empresarios a ex funcionarios públicos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Las medidas sugeridas por el fiscal apuntan a las personas "físicas y jurídicas" que conforman la Unión Transitoria de Empresas (UTE) "Consorcio Nuevo Sarmiento", integrado por las firmas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa S.A.
El pedido de embargo más grande en relación a una persona física recayó sobre Calcaterra porque fue el único empresario que se alejó de una de las firmas que intervino en el consorcio que participó de la obra. IECSA fue adquirida tras su salida por el empresario Marcelo Mindlin, entre otros.
El fiscal pidió embargar a Calcaterra por 54,3 millones de pesos y a Lorenzo Ghella, Mauricio Couri Ribeiro, de la constructora brasileña Odebrecht, y Jorge "Chorcho" Rodríguez, entre otras 19 personas, por 4,35 millones de pesos a cada uno.
El fiscal reclamó, además, que la obra de soterramiento no se detenga, por lo que pidió designar a un veedor para controlar su desarrollo.
El fiscal sugirió los embargos luego de que, a inicios de mes, la Cámara Federal porteña le ordenara al juez Martínez de Giorgi que disponga "medidas rápidas y eficaces" sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos.
En el marco del expediente se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares por la cual el juez ya allanó oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras.