Por unanimidad, 70 a 0, el Senado le dio este viernes media sanción a la prórroga hasta 2024, inclusive, del régimen que promueve la producción de biocombustibles, que rige desde el 12 de mayo 2006 y que beneficia a 54 plantas distribuidas en diez provincias: Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
La media sanción fue girada a la Cámara de Diputados que, si le da aprobación definitiva, prorrogará la vigencia de la Ley 26.093, que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vencía en mayo de 2021.
Durante el debate, los senadores señalaron que los biocombustibles en la Argentina sustituyeron importaciones entre 2010 y 2019 por 10.800 millones de dólares y que, en el mismo período, el Estado nacional ha girado divisas por más de 23 mil millones de dólares.
Durante el debate previo, de comisiones, los senadores acordaron un plazo de cuatro años para extender el régimen, frente a otro proyecto que proponía extenderlo por otros 15 años. La razón fue la coincidencia de que es necesario actualizar y ampliar la ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner.
De hecho, durante el plenario, el presidente de la Comisión, el sanjuanino Rubén Uñac, anunció que el Poder Ejecutivo pedía una prórroga corta, ya que se estaba trabajando en una reforma integral a la ley.
La norma atiende el reclamo de las productoras de biocombustibles pero cuenta con la oposición de las empresas petroleras, dedicadas a la refinación de combustibles, tal como lo expresaron la Cámara de Industrias del Petróleo (CIP) y la Cámara Argentina de la Energía (Cade).
Ambas entidades que nuclean a las grandes petroleras advirtieron que "las consecuencias de la regulación en materia de biocombustibles impactarán indudablemente en otros segmentos de la industria entre los cuales se cuenta el desarrollo de la producción de petróleo en proyectos clave para el país, como lo es Vaca Muerta".
La posición del sector no fue tenida en cuenta por el Senado, que terminó aprobando la prórroga del régimen por unanimidad.
El senador cordobés Carlos Caserio dijo durante el debate en la sesión que "viene un nuevo" y el Congreso debe "tener la responsabilidad y la decisión de mejorar la ley de Biocombustibles".
"Las provincias y las empresas ya desde hace un tiempo significativo han desarrollado una ley muy consensuada por todos los actores. Ahora, que tendremos la prórroga aprobada, debemos ver de qué manera hacemos más eficiente la producción de biocombustibles en la Argentina", aseveró.
La senadora que oficio de miembro informante del proyecto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, también del Frente de Todos, destacó el "consenso" logrado entre oficialismo y oposición para unificar 15 propuestas de prórroga para una industria que, dijo, "no está subsidiada sino regulada y que desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican y ponen en riesgo los miles de puestos de trabajo que genera".
Coincidió con Caserio en el impacto positivo de la producción de biocombustibles en el medio ambiente por la reducción de gases contaminantes y la rotación del suelo para los cultivos.
Por la oposición, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo que la norma es "muy buena noticia" así como el acuerdo logrado con el oficialismo para mejorar una industria que "ha generado más de 250 mil puestos de trabajo", y consideró que "ha sido uno de los proyectos más federales".
En el cierre, el salteño Juan Carlos Romero, presidente del interbloque Parlamentario Federal, consideró que existen puntos que se deben "corregir" en la norma para lograr "un crecimiento exponencial" de los biocombustibles por "la carga impositiva alta y la falta de actualización de precios que "desalientan la inversión".
En este sentido, señaló que el porcentaje de corte —que fija la mezcla permitida entre combustibles fósiles y biocombustibles—, que el gobierno anterior aumentó a un 12%, "ya debería estar en el 15%".
La ley prorrogada prevé exenciones en IVA y Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, establecido por la Ley Nº 25.063.
También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado 'Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil' así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.