Juliana Argañaraz
El fiscal Sebastián Scalera pidió que Pablo Moyano sea llevado a juicio oral por la causa "Independiente", en la que se lo investiga como supuesto jefe de una asociación ilícita que integraba una facción de la barra brava del club.
Ya el año pasado, en diciembre, el barra Pablo "Bebote" Álvarez fue enviado a juicio oral por ser el jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector "Yoyo" Maldonado, entre otros. Luego, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid dio por clausurada la instrucción.
La primera parte del expediente, que fue elevada a juicio, sostiene que "desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente".
El hijo de Hugo Moyano no estaba incluido en esa primera parte del expediente, porque la causa estaba desdoblada ya que Moyano, Ayelén Petrov (hija del Polaco) y Carlos Zambrana ("Carlín" del barrio Pepsi) fueron indagados después de los primeros procesamientos.
Por eso ahora Scalera quiere elevar a juicio a Moyano, que para él es tan líder de la organización como "Bebote" Álvarez.
Según el fiscal, la organización criminal investigada "tuvo su génesis durante los últimos tiempos de la presidencia en el club de Víctor Javier Cantero, cuando, según lo explicado por "Bebote" Álvarez, éste fue convocado por Pablo Moyano para consensuar un plan común que tuvo como fin desestabilizar al Cantero y lograr su salida anticipada (por medios coactivos) y, de esta manera, allanar el desembarco de los Moyano en la conducción de la institución".
"La prueba demuestra que el plan para forzar a Cantero a dejar la presidencia del Club consistió en actos ilícitos realizados por la barra brava: "aprietes" decididos, promovidos, validados y subvencionados por Pablo Moyano, Nurahi Nakis y Héctor Maldonado", consta en el escrito al que accedió Clarín.
Entre los hechos delictivos que sostiene Scalera, Moyano y Álvarez "acordaron una serie de concesiones recíprocas, así, por un lado, la dirigencia contaría con la utilización de la barra brava para, a través de sus actos típicos (ilícitos), mantenerse al frente de la conducción política del club y, por otro, la barra brava recibiría la cobertura política y económica de la dirigencia para llevar adelante su actividad y percibir determinados beneficios".
"Algunas de las concesiones para la barra se vieron reflejadas en la entrega de cuotas sociales pagas, bonos de ingreso a espectáculos deportivos, el financiamiento de viajes dentro y fuera del país, la entrega de dinero en efectivo. Además, se prometió otorgar a Álvarez la posibilidad de participar en la política de la institución con su agrupación", sostuvo el fiscal.
Moyano se presentó a indagatoria el 30 de septiembre tras cinco intentos fallidos, pero se negó a declarar. Quien deberá resolver el pedido de elevación a juicio oral es la juez de garantías Brenda Madrid, previo traslado por quince días a la defensa de Pablo Moyano.