Juliana Argañaraz
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere demorar el desalojo de los terrenos tomados en Guernica, partido de Presidente Perón previsto para comenzar este miércoles. Alegan que necesitan más tiempo para ubicar a las familias que serán desplazadas.
Para negociar el aplazo, este martes el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, se reunirá con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien quiere que el desalojo comience esta semana y ya advirtió que no quiere que los desalojados se reubiquen en su municipio.
Pero quien tiene la decisión final es la Justicia. Específicamente el juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, que fue quien firmó la orden de desalojo del predio de 100 hectáreas perteneciente a una empresa privada.
"Entendemos que, producto del trabajo que se está haciendo, es probable que la Justicia de unos días para la reubicación de las personas y que no se genere un desalojo violento", dijo a Clarín un miembro del gabinete de Axel Kicillof.
El Gobierno bonaerense sostiene que se cumplieron todos los pasos. "Ayer estuvieron los datos del censo y se necesita un poco más de tiempo para operar los mecanismos de solución en función de la información recolectada", dijeron.
Los datos surgidos del relevamiento y publicados por Clarín son: hay 2344 "hechos físicos" (es decir casillas, carpas o chapas sostenidas con palos), 1904 personas respondieron a la encuesta del censo y la mitad de ellas no quiso contar dónde vivía antes de llegar al terreno tomado.
Otros intendentes peronistas de la zona apoyaron el pedido de Cantero y condenaron las usurpaciones. "No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley", expresaron en un texto.
Mientras, el Movimiento Evita (fragmento del Frente de Todos que tiene varios funcionarios en el gobierno nacional) propuso que la Provincia compre los terrenos usurpados y que forme con ellos un fideicomiso para venderlo después con un financiamiento subsidiado. En la gobernación calificaron la idea como "un delirio".