En marzo, el Gobierno nacional decretó el congelamiento de los alquileres, y ahora, a un mes de que caduque la medida, analiza extenderla, a pesar de que el sector inmobiliario rechaza fuertemente esa posibilidad y considera que le haría "un daño irreparable".
Por su lado, las asociaciones de inquilinos piden la extensión, al menos hasta marzo de 2021 y así lo pidieron en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Aseguran que alrededor de un millón de personas podrían ser objeto de juicios por desalojo si el congelamiento se levantara en octubre.
Una nueva amenaza del mercado:
— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) August 26, 2020
Todas las inmobiliarias escribieron esta "carta" vergonzosa, donde afirman que si se extiende el decreto 320 "va a ser peor para ustedes".
Decime si no son una mafia. Sólo saben amenazar. pic.twitter.com/1yoezFB4zf
Según una encuesta publicada Inquilinos Agrupados, un 30% de los locatarios ya acumula deudas de alquiler. Y de ese total, más de la mitad debe dos meses.
"Es fundamental que el gobierno implemente un plan de desendeudamiento del sector, teniendo en cuenta que no sólo las familias inquilinas están en graves problemas económicos sino también pequeños propietarios que no han podido cobrar sus alquileres. Así como se ha implementado el ATP es necesario implementar el plan que hemos presentado a la directora del ANSES, pero de la cual tampoco obtuvimos respuesta", pidió la Federación Nacional de Inquilinos a la ministra María Eugenia Bielsa.
Mientras el Gobierno analiza los pasos a seguir, hay dos elementos de la nueva ley de alquileres que aún no reglamenta: el registro de contratos y el nuevo índice de actualización anual del precio de alquiler.
Sería la AFIP la que estaría a cargo del registro de los contratos entre locadores y locatarios, mientras que el Banco Central es el que deberá crear este nuevo índice que combinará salarios e inflación y que determinará cómo se ajustarán anualmente los precios de alquiler, en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Lo que preocupa a los inquilinos es la parte de la ley que refiere a desalojos, que prevé una forma más ágil que la actual. "Iría a contramano con el DNU que rige por la emergencia", advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, a TN.com.ar.
Según la Defensoría del Pueblo porteña, algunos propietarios proponen estrategias para evitar las disposiciones de la nueva ley, como firmar los contratos antes de la fecha en la que entró en vigencia la norma.