Esteban Gaitan
El sector de tecnologías de la información expresó su rechazo al decreto que regula los servicios de Internet, telefonía celular y televisión por cable y lanzó una solicitada en la que señalan que hay un cambio de reglas "intempestivo" que genera un fuerte impacto negativo.
"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro", enfatizaron en un comunicado.
DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom y Claro se encuentran entre los firmantes.
"La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos", aseguran.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 690/20), el Poder Ejecutivo nacional determinó que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) serán considerados servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
"Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la Industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015) Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre", resaltaron.
"En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado, de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia", argumentaron.
En la actualidad, hay 1.200 prestadores, pymes y cooperativas en la industria de telecomunicaciones. Además, según datos del Indec de diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con acceso a Internet, mientras que hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio.
"Hace años que la industria invierte y apoya películas y series de talentos locales, fomentando de esta manera el consumo tanto en cines y en el hogar de producciones argentinas. Como así también desarrollos nacionales para Internet de las Cosas. Gracias a ello, hoy millones de argentinos pueden disfrutar de diversidad de voces y opciones de entretenimiento desde series y películas hasta eventos deportivos", sostuvieron.
"La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino, resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de Internet, telefonía móvil y TV paga", puntualizaron. A su vez, señalaron que mantuvieron "fijos los precios de varios planes de servicios desde el mes de noviembre de 2019".
"Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente", plantearon.