La reforma judicial no es una sola cosa sino un paquete de al menos cuatro acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo. El diseño de tres de ellas está encomendado a un comité asesor de juristas: cambiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el del Consejo de la Magistratura y el de la Procuración General de la Nación. La restante es la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que ya está en discusión desde hace dos semanas en el Senado, y cuya suerte es de lo más incierta.
Es que en la Cámara Alta el Frente de Todos (FDT) tiene una mayoría de 41 sobre 72 senadores y, por lo tanto, si quisieran, podrían darle media sanción a libro cerrado, pese a que el texto viene recibiendo críticas de juristas, tanto de los más afines al Gobierno como de los más opositores.
Pero en Diputados al oficialismo se les pueden complicar las cosas, porque en esa cámara no cuenta con mayoría y deberá seducir conseguir apoyos entre los opositores más dialoguistas, que para nada le sobran.
Una ley para Comodoro Py
El proyecto crea una nueva Justicia Federal Penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia: serán 46, es decir los 12 que funcionan actualmente de los tribunales de Comodoro Py, los 11 juzgados en lo Penal Económico y otros 23 nuevos juzgados.
El presidente Alberto Fernández tendría la posibilidad, entonces, de nombrar a al menos la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más resonantes del país.
La iniciativa recibe críticas de todos lados: en general, juristas y hasta figuras del Poder Judicial, propias y ajenas, señalan que lejos de quitarle poder a Comodoro Py, se lo aumentará, y sostienen que la reforma judicial verdaderamente sustancial radica en la implementación del sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal.
Pero además cuestionan el mecanismo de subrogancias y la división de las secretarías. Algunos dicen que estos dos aspectos son indefendibles.
A paso firme
Pese a las críticas, el trámite parlamentario en el Senado avanzó en los últimos quince días con tres rondas de exposiciones en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que conduce la ultrakirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
Esta semana, según pudo averiguar Vía País, se firmarán los dictámenes, que podrían ser debatidos en una sesión que Cristina Fernández de Kirchner podría convocar para el jueves 27 de agosto.
En la Casa Rosada dicen, sin embargo, como abriendo el paraguas, que no tienen ningún apuro en que salga la ley y que se avienen con cambios a la redacción que puedan surgir de los debates parlamentarios.
No está claro que el oficialismo vaya a aceptar modificaciones en la cámara conducida por Cristina Kirchner: pueden aprobar el proyecto sin preguntarle nada a la oposición.
En Diputados, en cambio, Juntos por el Cambio (JPC), que tiene el 45 por ciento de las bancas, se plantó en rechazar la posibilidad de debatir este tema en sesiones por internet.
En verdad, aunque en JPC pueden coincidir en la necesidad de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial (varios diputados y senadores aplaudieron el 1º de marzo al Presidente, cuando enumeró los propósitos de esta proyecto), responden a un electorado que relaciona de manera directa la reforma judicial con un supuesto plan de impunidad a favor de Cristina.
Descartando que JPC no acompañará el proyecto, el oficialismo en Diputados deberá apelar a los espacios opositores que lo ayudan a conseguir el cuórum y a sancionar proyectos. Pero el margen de apoyo viendo siendo cada vez más corto.
En la Cámara Baja la mayoría es 129 votos (si todos estuvieran presentes; es el número para tener el cuórum). El artículo 11 de la moratoria (que permite el ingreso de las empresas quebradas, como las de Cristóbal López) fue aprobado con 130 votos y el artículo 7 de la ampliación presupuestaria (referido a la dolarización de la deuda en pesos), con 129. Ahí.
El PJ cordobés, clave Diputados y senadores consultados por este medio coinciden en que habrá que prestarle atención a la marcha contra la reforma judicial convocada para el lunes, para medir el humor social respecto de este asunto, que naturalmente impacta en las decisiones que se tomen en el Parlamento; y, en particular, en el bloque Córdoba Federal, de cuatro diputados nacionales que responden al gobernador Juan Schiaretti.
Este bloque viene apoyando al oficialismo en las votaciones, pero no en todas. Por ejemplo, rechazó el artículo referido a las retenciones agropecuarias sancionado en la megaley de diciembre y estaban dispuestos a no acompañar la finalmente frustrada expropiación de Vicentin.
La reforma judicial, cavilan en la oposición, es también un asunto que puede resentir la relación del Gobierno de Córdoba con su electorado.
El oficialismo cuenta con 15 aliados ocasionales en la oposición. Para la mayoría necesita 11 voluntades; de manera tal que la postura de los cuatro peronistas cordobeses podría ser definitoria.