La propuesta del kirchnerismo para revisar el traslado de jueces federales, entre los que figuran algunos de los que llevan adelante causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recalentó el debate en el Consejo de la Magistratura, donde este jueves se produjeron duros cruces entre los representantes del oficialismo y la oposición.
"Nosotros no venimos a darle impunidad a nadie, actuamos tal cual establece la Constitución Nacional. Esa es mi función como juez, no le vengo a dar impunidad a nadie, vengo para que se cumpla la constitución nacional y las leyes", advirtió el titular de la Magistratura, Alberto Lugones, para rechazar las advertencias de los consejeros que salieron a rechazar la propuesta.
Lugones replicó así las críticas que surgieron apenas se conoció el jueves pasado pedido del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, para analizar los traslados de 38 magistrados que se realizaron desde el año 2000, de los cuales casi una decena se concretaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los jueces señalados figuran los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que intervienen en la causa de los cuadernos de la corrupción en la que se trata de determinar si Cristina Kirchner lideró una asociación lítica para recaudar sobornos entre empresarios beneficiados con proyectos de obra pública.
El tema comenzó a tratarse en la Comisión de Selección y Escuela Judicial, que preside Graciela Camaño. Todos sus integrantes, tanto del oficialismo como de la oposición, coincidieron en señalar que se debería impulsar un proyecto de ley para definir un mecanismo institucional para resolver los movimientos de los magistrados.
Sin embargo, las grandes diferencias salieron a la luz cuando el kirchnerismo se remarcó que se debían revisar los traslados cuestionados. "Nos encontramos con falencias, con errores que debemos sanear", reclamó Diego Molea, quien integra las filas del Frente de Todos en representación del mundo académico.
Por ello, Molea propuso que se le eleve una consulta a la Corte Suprema para que se expida sobre la "vigencia de los traslados" realizados y que además se le pida al Poder Ejecutivo que complete el proceso formal solicitando el acuerdo del Senado de la Nación, fundamentalmente en los 10 casos donde Ustarroz señaló que no se cumplieron los requisitos del nombramiento.
Pablo Tonelli, quien el miércoles presentó una nota contra el planteo de Ustarroz y aseguró que los traslados se hicieron ajustados a los términos de las acordadas 4 y 7 de la Corte y el reglamento del organismo, fue el primero en oponerse a la posibilidad de revisar los movimientos concretados.
“El Consejo carece absolutamente de competencia para analizar o revisar esos traslados, sobre todo porque esos traslados están dispuestos no por una decisión del Consejo sino por una decisión del Poder Ejecutivo mediante un decreto o sendos decretos. Esos decretos como actos administrativos que son, ya han producido efectos, ya han generado derechos y por lo tanto no pueden ser ni siquiera revocados por el propio autor, el propio Presidente”, dijo.
Seguido, interpretó que “el único modo de dar marcha atrás de esos decretos es mediante un juicio y la consecuente declaración de nulidad de esos decretos” tal como lo establece, según argumentó, “el artículo 17 de la ley de Procedimiento Administrativo”.
En línea, el consejero Juan Culotta alertó que “sería grave en la historia del Consejo una decisión como la que se pretende” porque “generaría una inseguridad jurídica importante”.
“Con ese criterio podríamos revisar cualquiera de los actos válidamente cumplidos y estables frente a cada cambio de composición del cuerpo”, manifestó, haciendo alusión al impacto de los tiempos políticos en las decisiones de la Magistratura, el organismo a cargo de designar, juzgar y eventualmente sancionar a los jueces.
Ricardo Recondo también consideró que "no es competencia" de la Magistratura revisar esos traslados, aunque reconoció que es fundamental contar con el pronunciamiento del Senado, porque allí se conoce la "voluntad federal" mediante los representantes de las provincias.
“Esto es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo que verá cómo va a solucionar este tema, si es que desea solucionarlo”, agregó Recondo.
Pero sin dudas, fue Lugones el que salió con mayor contundencia a defender la propuesta de Ustarroz, aunque aseguró que su voluntad no es la de revisar los actos realizados. "Es un tema central en el funcionamiento del Poder Judicial", definió el titular de la Magistratura.
“Salieron a decir que nosotros veníamos por el Poder Judicial y por afectar la estabilidad de los jueces. Nada más lejano de la realidad, hoy estoy acá para garantizar la tranquilidad de los jueces que deben trabajar”, insistió para desestimar los cuestionamientos de la oposición.
Lugones reiteró que hubo "un carnaval de traslados" y se refirió a los efectos de esa situación en el accionar del Poder Judicial. "Si no se contempla el pase para misma categoría o cargo estamos en problemas, porque en realidad, entonces, concurso para cualquier cosa y después pido el pase para donde me guste, o negocio o espero que el gobierno me elija porque soy simpático con el gobierno de turno", ejemplificó.
“Hay que tener muchísimo cuidado, la confianza de la gente en el Poder Judicial la tenemos que garantizar nosotros. Y lo que tiene que estar claro es que no vengo a revisar actos emitidos por este Consejo, lo que no me impide que diga que hay actos que son por lo menos antirreglamentarios”, reiteró.
A pesar de expresar sus posturas, los consejeros acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo para definir su postura frente al pedido de Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. Las alternativas que se barajan son que se eleve una consulta a la Corte, que se pida al Ejecutivo solicitar el análisis del Senado o que, tal como lo propone la oposición, se avance sobre una proyecto de ley sin revisar los traslados anteriores.