A fines de 2020, unos 756.000 niños, niñas y adolescentes (NNYA) más habrán caído en situación de pobreza en el país, en relación al último semestre del año anterior, por la pandemia de coronavirus, según las proyecciones que forman parte del informe presentado hoy por Unicef, basado en las estimaciones de caída del PBI y de la Encuesta Permanente de Hogares.
La organización también hizo un llamado a las autoridades para que "fortalezcan las políticas de protección social", a poco de cumplirse 80 días de conocerse el primer caso de la Covid-19 en Argentina, y a dos meses de implementarse en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En el marco de una teleconferencia de prensa de la que participó una treintena de periodistas de todo el país, Unicef alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil monetaria en Argentina, que en el segundo semestre de 2019 afectaba al 53% de los NNYA y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020; mientras que la pobreza extrema treparía del 14,1 al 16,3% en el mismo período.
"La idea es saber lo que está pasando y pensar en lo que va a pasar con NNYA en el país, para informar las decisiones y concientizar a toda la población", aseguró la representante de Unicef en Argentina, Luisa Brumana.
El estudio "Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina" plantea que, de cumplirse una caída del PBI esperada de 5,7 puntos (FMI),la cantidad de NNYA pobres pasaría de 7 millones en 2019 a 7,7 millones hacia finales de 2020; y aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema aumentarían de 1,8 a 2,1 millones.
"Dentro de los más de 700 mil niños adicionales que entrarían en una situación de pobreza, 400.000 residirán en hogares que no cubren una canasta básica alimentaria, es decir, la peor de las situaciones en términos de bienestar y de respeto a sus derechos", aseguró Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef.
Por otro lado, el análisis muestra que la pobreza aumenta significativamente cuando los NNYA residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).
"Con relación a las regiones, el NOA y el Gran Buenos Aires son aquellas donde la incidencia del aumento de la pobreza es mayor", dijo Waisrais.
Además, si la vivienda está localizada en una villa o en barrios populares, la pobreza alcanzará a fines de 2020 a 9 de cada 10 niñas y niños, situación que a fines de 2019 afectaba a 7 de cada 10.
"El COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre NNYA, las víctimas ocultas de la pandemia", señaló Brumana.
Unicef recordó que el Estado nacional destina 2 puntos del PIB a mitigar los efectos de la pobreza monetaria mediante programas de transferencias directas a familias con NNyA, y que el presupuesto social asignado a la pandemia se incrementó de 514 a 650 mil millones de pesos.
"Si se consideran medidas laborales y productivas son 3 puntos de PIB.¿Es relevante? Sí. ¿Es suficiente? No", concluyó Waisrais.
Ante este panorama, UNICEF planteó tres recomendaciones: aumentar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH); ampliar la base de los programas de protección social -como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar- y eliminar las condicionalidades; e implementar políticas específicas para atender a las poblaciones con múltiples vulnerabilidades.
"Proponemos que se extienda al menos hasta el fin de 2020 el cobro del bono extraordinario de 3.103 pesos paralos titulares de la AUH y la asignación por embarazo: así los NNYA que están en pobreza extrema la podrán superar, con una inversión de sólo el 0,25% del PBI", dijo Olga Isaza, representante adjunta de Unicef.
Por otro lado, Isaza alertó que ya antes de la pandemia había "500 mil NNYA con rezagos en el pago de las AUH por no poder acreditar las condicionalidades" de escolaridad y controles de salud y pidió que éstas "dejen de ser punitivas" para que "si las familias no presentan los certificados, se le pague igual el 100% o que se eliminen" esos requisitos.
Un mes atrás, Unicef presentó al presidente Alberto Fernández los primeros resultados del estudio "Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes", que reveló que el 59% de los hogares perciben menos ingresos y en el 31% se dejó de comprar algún alimento por no tener dinero.