El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de acusaciones judiciales por narcotráfico y lavado de dinero contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuya captura -o información conducente a ella- el Departamento de Estado ofrece 15 millones de dólares.
La decisión fue confirmada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien en su cuenta de Twitter dijo que hoy Hoy, Estados Unidos "anunció recompensas para llevar ante la Justicia a los ex funcionarios del régimen de Maduro responsables del tráfico internacional de narcóticos".
"La gente de #Venezuela merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas", agregó el funcionario estadounidense.
Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 26, 2020
La medida supone profundizar la presión de Washington para forzar la salida del poder de Maduro, a quien, además de considerar como gobernante "ilegítimo", le atribuye ser líder de un cartel de drogas en colaboración con la ex guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Justicia de Estados Unidos acusa en concreto a Maduro, entre otros cargos, de haber recibido 5 millones de dólares por parte de las FARC en 2006 cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez.
Además, medios estadounidense anunciaron, citando fuentes judiciales, que el gobierno de Donald Trump designará a Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo, según reseñó la agencia de noticias Ansa.
La designación colocaría a Venezuela en compañía de solo otros cuatro países (Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria) a los que Estados Unidos acusa de haber "brindado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional" .
Además, una decisión en ese sentido permitiría al gobierno de Estados Unidos implementar sanciones más paralizantes al gobierno de Maduro.
Además, el Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por datos de otros líderes venezolanos acusados de narcotráfico: el presidente de la asamblea nacional "ilegítima", Diosdado Cabello Rondón; el ex jefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal Barrios; el ex general del ejército Clíver Alcalá Cordones, y el ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck Zaidan El Aissami Maddah.
El fiscal general Barr no quiso confirmar si es la primera acción de este tipo en la historia contra un gobernante. "No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con (Manuel Antonio) Noriega (en Panamá a finales de los 80), a quien tampoco reconocíamos".
Barr defendió que la decisión se haya tomado pese a la actual crisis sanitaria mundial del coronavirus: "Es lo mejor que podemos hacer en este momento: hacer lo posible para que el pueblo de Venezuela pueda salir de esta gente", dijo.
Estados Unidos considera que existe una "conspiración para el narcoterrorismo" entre el llamado cartel de Los Soles, formado supuestamente por autoridades venezolanas y liderado por Maduro, y las FARC desde 1999 hasta la fecha.
Por eso acusa también a Ivan Márquez y Jesús Santrich, ex comandantes de la ex guerrilla colombiana que entraron en desacato con el proceso de paz firmado con el Estado colombiano.
Actualmente, Márquez y Santrich se encuentran en paradero desconocido tras haber anunciado su vuelta a las armas en 2019.