Dentro de una semana, el nuevo régimen previsional de jueces, que significa una desmejora de sus jubilaciones, se convertirá en ley.
El Frente de Todos tiene una mayoría de 41 sobre 72 senadores, que logrará imponerla una vez que el proyecto, que ya obtuvo la media sanción de Diputados, obtenga este miércoles dictámenes del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera, y de Presupuesto y Hacienda, que preside el cordobés Carlos Caserio.
El reglamento del Senado establece que para tratar un asunto en sesión deben haber pasado siete días corridos desde la firma de su dictamen. Solamente podría ser debatido antes de ese plazo con la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes en el recinto.
El Frente de Todos no llega a los dos tercios, por lo cual una vez firmados los dictámenes la iniciativa será debatida en el recinto recién el miércoles 11.
El bloque del Frente de Todos, que conduce el formoseño José Mayans, hizo saber que no acompañará los pedidos de cambios de la oposición ya que, en caso de hacerlo, la propuesta debería volver a ser tratada por la Cámara baja, que ya le dio media sanción la semana pasada.
El jefe de la bancada oficialista consideró que "los tiempos apremian" para la búsqueda de "soluciones al déficit que provoca el sistema previsional argentino" y advirtió que durante los gobiernos peronistas "esto no ocurría".
Postura opositora
En Diputados, el proyecto fue aprobado por unanimidad, 128 votos afirmativos a 0 negativos y las abstenciones de los trotskistas Nicolás del Caño y Romina Del Pla, pero sin el interbloque Juntos por el Cambio en el recinto, del que se retiró el protesta por considerar que el oficialismo consiguió el cuórum sobre la hora de manera ilegítima, ya que se contó como presente a Daniel Scioli, designado embajador en Brasil.
En el Senado, sin Scioli, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, afirmó que no descarta que el espacio acompañe la iniciativa, aunque pedirán que se mantengan los beneficios del actual régimen jubilatorio especial a aquellos miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los que ya se les aceptó la jubilación o están tramitándola porque ya cumplen con los requisitos.
El oficialismo considera que esta cláusula no es necesaria porque las leyes previsionales vigentes ya contemplan estos casos.
Reclamos y renuncias
Al conocerse los detalles de la iniciativa, se produjeron reclamos de las asociaciones de jueces y fiscales, y ya se cuentan varias renuncias por el cambio de los beneficios en las jubilaciones que les corresponden.
En ese marco, el Gobierno le aceptó el martes la renuncia de cuatro jueces y una fiscal, mediante la publicación de sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, que llevan la firma del presidente Alberto Fernández.
Se trata de los camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 2, Fernando Larraín; del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, Oscar Lemos; del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18, Ricardo Rojas, y de la jueza federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias 3, Rita de la Ascensión Garese y de la fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Irma García Netto.
Este lunes, Vía País informó que unos 55 magistrados, entre jueces y fiscales, presentaron sus renuncias entre enero y febrero debido a los cambios a su régimen jubilatorio.
Según fuentes de la Asociación de Magistrados, se trata de 35 jueces y 20 fiscales. Y en los próximos días se podrían conocer más casos, dado que hay unos 350 funcionarios judiciales en condiciones de retirarse.
Todos los que están renunciando es porque se acogen a la jubilación, muchas de las cuales ya estaban tramitadas pero en suspenso dado que los funcionarios seguían en sus cargos básicamente porque no tenían reemplazo.
Los magistrados que cuestionan el proyecto gubernamental, de reforma de la ley 24.018 (régimen especial jubilatorio de jueces), señalan que tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales.
La propuesta establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial, que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, aunque mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados sostiene además que para acceder al régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.