Desde que Alberto Fernández anunció que entre esta semana y la siguiente mandará su proyecto de legalización del aborto toda la atención está puesta en la letra fina y, en particular, en un par de asuntos de interés para las organizaciones de mujeres y los sectores involucrados, como los profesionales de la salud y, por supuesto, la iglesia Católica y las evangélicas, que realizan un sigiloso pero tenaz cabildeo en el Estado.
La duda respecto de si el proyecto sería únicamente de despenalización o también de legalización quedó despejada cuando el Presidente, el domingo, ante el pleno de diputados y senadores, confirmó que se permitirá "que las mujeres accedan al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar".
Pero no fue claro sobre el tiempo de embarazo máximo para que el aborto sin causal sea legal. Habló de legalizar el aborto "en el tiempo inicial del embarazo". Ese tiempo inicial pueden ser 12, 14 o 16 semanas de gestación.
El proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un conjunto de organizaciones de mujeres, propone una modificación del artículo 86 del Código Penal para que establezca que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive".
Sin embargo, la Campaña no participó de la redacción del proyecto del Gobierno, que se ciñó al trabajo de funcionarios del Ministerio de Salud, que conduce Ginés González García; de las Mujeres, que lidera Elizabeth Gómez Alcorta, y de Educación, que comanda Nicolás Trotta, y de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la asesora presidencial ad honorem Dora Barrancos, investigadora, socióloga y dirigente feminista.
Doce o catorce
Siendo diputada, en 2008, Ibarra presentó un proyecto de legalización del aborto que establecía que toda mujer podría decidir la interrupción voluntaria del embarazo “antes de las 12 semanas”.
La propuesta de Ibarra señalaba que pasado ese plazo, el aborto sería legal sólo cuando el embarazo fuera producto de un delito contra la integridad sexual, cuando se detecte la inviabilidad de la vida del feto con independencia del cuerpo de la mujer; cuando existiese peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando se hubiera diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
Este lunes, el ministro González García dijo en una entrevista con CNN Radio que "el proyecto aún no está terminado" pero anticipó: "Yo propicié 14 semanas, porque va dirigido a todas las personas, pero particularmente a las que son más débiles socioculturalmente y viven en lugares alejados. Ampliar el plazo significa dar más tiempo accesibilidad en estos casos".
Preocupaciones
La indefinición sobre la cantidad de semanas de gestación es una de las cuestiones que ponen en vilo a las mujeres de la Campaña, que también esperan que el proyecto establezca que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO), para que sea reconocida por las obras sociales y prepagas. "Es necesario que vayamos tranquilas al servicio de salud a atendernos", dijo una dirigente del colectivo a Vía País.
También preocupan otros plazos: quieren que no se establezcan, como en la ley de Uruguay, "días de reflexión", porque consideran que pueden ser aprovechados por sectores conservadores y credos para presionar a las mujeres sobre una decisión que en realidad es y debe ser tomada en la intimidad.
En cambio, sí pretenden que la iniciativa fije un plazo máximo de cinco días para acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.
Instituciones
La media sanción de Diputados de 2018 establecía hasta 14 semanas como límite para los abortos sin causales, y los senadores por Córdoba, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, de Cambiemos, el peronista Carlos Caserio, se unieron para condicionar su apoyo al proyecto a que bajara a 12 semanas, entre otros cambios.
La media sanción declaraba la objeción de conciencia para los médicos que quieran excusarse de realizar un aborto, obligándolos a anotarse previamente en un listado de objetores, de modo que no puedan excusarse al momento de tener que atender un caso. Pero no para las clínicas privadas.
En su propuesta, el Gobierno podría además establecer la objeción de conciencia institucional, para permitir que puedan excusarse de practicar abortos las clínicas confesionales.
Horas después del discurso presidencial, Vilma Ibarra dijo en una entrevista con C5N que no podía anticipar qué dirá el proyecto del Gobierno respecto de la objeción de conciencia institucional, pero tiró una pista: "Las instituciones de salud están para hacer cumplir las normas de la salud pública", dijo y sostuvo que se debe "garantizar que la prestación se realice en término oportuno y efectivo".
En la Campaña les preocupa el detalle de la objeción de conciencia institucional. “Deberían encargarse de la derivación de la paciente a otro establecimiento de salud. Por otra parte, ¿quién define que determinada institución pueda ser objetora? ¿El Estado? ¿El comité de ética de la institución? ¿O su director, porque se le da la gana, a pesar de que la institución no tiene nada que ver con la Iglesia”, planteó una dirigente feminista, en diálogo con este diario.