Para avanzar en la negociación de la deuda, los acreedores y los fondos de inversión quieren que Argentina haga un desembolso en efectivo, a cambio de cuatro años de gracia en los pagos. Sería una cifra de alrededor de 10.000 millones de dólares.
Pero para el Gobierno obtener esa cifra implicaría un acuerdo con el FMI para que preste el dinero. Después de discutirlo con la cúpula del Banco Central, con Santiago Cafiero y Martín Guzmán, Alberto Fernández tomó una decisión. "Vamos a suspender la suscripción del bono Dual. Es inaceptable", anunció a sus íntimos.
Por eso intentó instalar la idea de que Argentina entraría en default. Hay fuertes críticas a decisiones técnicas de la secretaría de Finanzas: su titular Diego Bastourre mantuvo exigencias en la colocación del Bono Dual, que limitó la participación de bonistas que querían apoyar a la Argentina. Se trató de la obligación de suscribir en efectivo el bono: después del fracaso, un decreto corrigió hacia adelante el grosero error de Finanzas.
La incertidumbre financiera le restó valor a los activos argentinos, que ya estaban muy devaluados. Un informe secreto de Wall Street dice: "La reacción de Guzmán y AF fue predecible, aunque difícilmente defendible por sus graves consecuencias".
"Quieren asustar a los tenedores de bonos confiados, pero la decisión está llena de efectos negativos. Se trata de una victoria pírrica", agrega.
Guzmán confirmó en el Congreso que la propuesta de pago incluye un período de gracia de 3 a 4 años y que recién habrá un leve superávit en el 2023, y entonces habrá dinero para abonar al exterior.
Pero el discurso de Guzmán en el Congreso fue muy similar al que dio en el Council of Americas, y los inversores se quedaron con gusto a poco. Por eso, se anticipa que la negociación se va a endurecer.
Los banqueros dicen que sólo van a aceptar un acuerdo si los nuevos bonos mejoran en unos 10 puntos la paridad de los actuales en virtual default: de 45% a 55%. Y si Argentina se compromete a hacer un pago "cash" de 10.000 millones de dólares.
Pero hay escepticismo sobre que se logre cerrar a fin de marzo y se cumpla el cronograma del ministro Guzmán.