Si no fuera por el trotskismo, que por doctrina está en contra del pago de la deuda externa, el proyecto del ministro Martín Guzmán para el pago de compromisos en dólares con acreedores internacionales sería aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad.
Es que Juntos por el Cambio se mostró dispuesto a acompañar la iniciativa gubernamental que tiene un doble fin: que los funcionarios que reestructuren obtengan una cobertura legal y que, además, ante el mundo quede manifiesta la voluntad de pago de la Argentina, mediante una ley del Congreso.
Como aún no se conoce la propuesta, lo bonos en dólares de la deuda soberana volvieron a caer ayer hasta 2%. Y la tendencia se mantendrá por la incertidumbre de los inversores respecto de cuál será la oferta oficial. El riesgo país saltó 3,1%, hasta los 1.984 puntos.
La caída de los bonos en dólares también se debió a que Buenos Aires no logró la adhesión del 75% de los tenedores de su bono BP21 para patear un pago de capital por 250 millones de dólares del 26 de este mes a mayo.
La gestión de Axel Kicillof se vio obligada a extender hasta el 31 de enero el plazo para negociar. Se usarán los días de gracia que le concede el contrato de suscripción del bono emitido en 2011.
Apoyo político
El diputado radical Luis Pastori expresó en diálogo con La Voz su beneplácito de que el gobierno de Alberto Fernández haya decidido "por ley" empezar la reestructuración de la deuda, y no por decreto, como podría haberlo hecho gracias a la vigente Ley de Administración Financiera.
En rigor, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 que corresponde al Poder Legislativo "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Sin embargo, por delegación, es el Ejecutivo quien lo gestiona.
El Congreso fue marginado en otras oportunidades, como en el “blindaje” o “megacanje”, dos operaciones concretadas por la Alianza para mantener la convertibilidad, lo que luego estalló en 2001.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner apelaron al Congreso en 2005 y 2010, respectivamente, para ganarse la confianza de los bonistas y canjearon hasta el 93% de los papeles en pugna.
Ahora, Pastori reconoció que la propia gestión del ex presidente Mauricio Macri y sus aliados en Juntos por el Cambio venían avisando que debía reestructurarse.
“Nosotros ya decíamos que era necesario hacerlo y por ende me parece que tenemos que acompañar, porque no tiene nada raro, más allá de algunos aspectos y apreciaciones que entran en terreno ideológico”, dijo Pastori.
El diputado por Misiones es secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que junto con la de Finanzas se reunirán el martes para debatir el texto antes de llevarlo al recinto el miércoles.
Si bien el espíritu es de acompañamiento, hay temas a discutir. El más importante tal vez sea la prórroga de jurisdicción de tribunales extranjeros, renunciando a sostener la inmunidad soberana en aquellos casos que los títulos así lo demanden.
En 2005 y 2010 el Congreso habilitó esta prórroga. Pero en concreto, esta herramienta surgió a partir de la denominada “Ley Nº 21.305” que en abril de 1976 (plena dictadura) modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”.
Hoy, por el nivel de desconfianza que existe sobre la Argentina por la larga historia de defaults (1827, 1890, 1982 y 2002) y la actual crisis de liquidez sería impensado que los acreedores acepten un canje o reestructuración cambiando la jurisdicción legal de los papeles.
Pastori lo admite y agrega: “Es muy difícil que acepten cambiar jurisdicción porque en el país no hay garantías de imparcialidad que el acreedor externo busca”.
Miguel Bazze, otro diputado radical, indicó que la iniciativa "fortalece la posición del Gobierno" y, en principio, "la oposición no tendría "por qué oponerse".
Los presidentes de los bloques de JPC, el radical Mario Negri, el macrista Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, le pidieron a Sergio Massa, presidente de la Cámara, que gestione la visita de Guzmán al plenario de comisiones.
El objetivo es que el funcionario explique en detalle la iniciativa. Se busca que el tratamiento no sea exprés y que se constituya la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública.