Tres causas judiciales de mucha repercusión política en los últimos tiempos arrojaron novedades a 48 horas de producido el recambio de gobierno.
Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó lo que en su momento había resuelto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia: debe continuar la investigación por la muerte de Santiado Maldonado. Esta ratificación tiene una consecuencia inmediata: se revocó el sobreseimiento que se le había dictado en primera instancia al gendarme Emmanuel Echazú.
La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, además, incluye la orden para que se designe de manera "urgente" un nuevo juez, con el objetivo de esclarecer los motivos que llevaron a la muerte al joven artesano.
Echazú había sido señalado como uno de los gendarmes que participó del operativo del 1 de agosto de 2017, en la comunicad mapuche Pu Lof, en Cushamen, Chubut, sobre la ruta 40. El cadáver fue encontrado 78 días después, en el río Chubut. La autopsia arrojó que Maldonado había muerto por “asfixia” e “hipotermia”.
Además de recomendar que el gendarme Echazú continúe como sospechoso, dos integrantes de la Cámara de Casación (los jueces Hernán Borinsky y Javier Carbajo) rechazaron el pedido de la familia Maldonado para que el caso se encuadre como "desaparición forzada de persona", hasta que concluyan medidas de prueba pendientes.
El camarista Gustavo Hornos, en tanto, votó en disidencia con sus pares. “La desaparición física de una persona en circunstancias en las que se llevaba adelante un procedimiento en el que intervenían fuerzas de seguridad exige por parte de las autoridades del Estado el compromiso categórico de poner a disposición de las partes todos los recursos que resulten razonablemente necesarios a fin de esclarecer los hechos (...) antes de emitir pronunciamientos que puedan menoscabar los derechos de los afectados”, sostuvo Hornos.
El caso había sido cerrado por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, tras el informe de la autopsia. Casación, en cambio, se alineó con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (la segunda instancia del proceso) y coincidió en la necesidad de reabrir investigando para establecer si hubo o no abandono de persona.
El operativo de Gendarmería siempre fue respaldado por el gobierno saliente. "No voy a tirar un gendarme por la ventana", dijo la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue homenajeada por la comandancia de esa fuerza de seguridad hace unos días.
En otro caso, la misma Sala IV de Casación Penal "no homologó" la decisión del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) de prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez. Los camaristas Borinsky y Carbajo dictaminaron de acuerdo a la posición explicitada por el fiscal general Javier De Luca.
La prisión preventiva de Baéz -quien está encarcelado desde abril de 2016 sin condena- había sido prorrogada por ocho meses en abril pasado, por pedido del TOF 4. Se argumentó, entonces, que el empresario “se encontraba siendo juzgado en debate oral y público el cual estaba en pleno desarrollo y próximo a su culminación”. Pero las audiencias del juicio en el que la vicepresidenta Cristina Fernández y Báez están acusados por “lavado de dinero”, aún no concluyeron.
“La prisión preventiva es la excepción a la regla de la libertad ambulatoria del imputado durante el trámite de un proceso penal”, recordaron en Casación, citando al fiscal De Luca.
"La prisión preventiva no es un instituto previsto para servir a la medida de labor de los jueces o del Estado", se argumentó también. De todos modos, el empresario aún no recuperará su libertad, puesto que también tiene prisión preventiva dictada en otros dos expedientes judiciales.
La causa en la que se investiga al falso abogado Marcelo D'Alessio y otras personas por integrar una banda que habría realizado extorsiones y tareas de espionaje ilegal también experimentó novedades: el Procurador General de la Nación (interino) Eduardo Casal (ligado al gobierno saliente) pidió a la Corte Suprema que intime a la Cámara Federal de Casación para que defina quién debe quedar a cargo del expediente que tramita el juez federal Alejo Ramos Padilla.
El Procurador le solicitó a la Corte que acepte un recurso del fiscal Carlos Stornelli para que se defina una "cuestión de competencia". Stornelli pretende que la causa pase a la Justicia Federal de Comodo Py por una cuestión de "territorialidad" y "causas conexas" que investigan hechos parecidos.
D’Alessio, después de declarar tres días, fue aceptado como “arrepentido”, aunque se desconoce aún el contenido de su comparecencia.“La confesión de D’Alessio provoca pánico”, dijo el diputado nacional del Frente de Todos, el radical Leopoldo Moreau.