Leandro Boyer
En la recta final de su mandato, el presidente Mauricio Macri quedó nuevamente expuesto por una impensada polémica que se desató en el seno de su Gobierno y que ahora se trasladará a la órbita de la Justicia con la presentación que prepara el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la derogación del protocolo para asistir a mujeres con derecho al aborto legal.
"Vamos a plantear que no puede haber regresividad de derechos", adelantó el letrado ante la consulta de Vía País y detalló que la denuncia la formalizará en los próximos días en el juzgado Contencioso Administrativo Federal.
Gil Domínguez cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de revertir la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se formalizó el miércoles mediante la publicación de la resolución 3158/2019 en el Boletín Oficial.
"La derogación es regresiva porque viola el principio de progresividad y de no regresividad, que es uno de los pilares de interpretación y de aplicación de los derechos humanos. Alcanzado determinado estadio de reconocimiento no se puede volver para atrás sin que existan fundadas razones", planteó.
Al respecto, el constitucionalista criticó los argumentos con los que este viernes el gobierno de Mauricio Macri dejó sin efecto esa resolución. "Planteó meras cuestiones de competencia que son formales y mentirosas", se quejó.
Gil Domínguez insistió al señalar que la marcha atrás de la Casa Rosada atenta contra el avance del "derecho a la vida, salud y libertad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes".
Incluso, el letrado alertó que la administración de Macri no sólo dejó sin efecto la actualización sino que además le quitó vigencia al protocolo del 2015. "Actualmente no existe normativamente ningún Protocolo, no existe ningún protocolo vigente", explicó.
La Casa Rosada publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto que deroga la actualización del protocolo de ILE, tras considerar que fue dictada "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos", y de esta manera quedó sin efecto la resolución firmada hace dos días por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.
“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas", manifestó el nuevo texto oficial.
La actualización del protocolo desató una verdadera interna en el Gobierno nacional y en la coalición Cambiemos, donde quedaron en evidencia las diferencias extremas entre los dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) respecto a la situación del aborto no punible.
Ahora, con el decreto 785/2019, rubricado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra Stanley, se dejó sin efecto la normativa que según el jefe de Estado se trató de una "decisión unilateral" de Rubinstein, por lo que pidió expresamente que se diera marcha atrás.
Además, el decreto destacó que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó "no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes".
También mencionó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
Se sostiene que "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".