El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández respaldó la investigación del juez Alejo Ramos Padilla en la causa contra el falso abogado Marcelo D'Alessio por presunta extorsión y espionaje.
Fernández apoyó las auditorías de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) sobre las notas del periodista de Clarín, Daniel Santoro, pese a que las principales entidades como SIP, FOPEA y ADEPA consideraron que esa medida "vulnera la libertad de prensa". También consideró que "las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados".
El líder de Frente de Todos habló sobre la causa, el domingo pasado, en una visita a la redacción del diario La Voz del Interior en Córdoba. "Lo que dice el acta de procesamiento" sobre Santoro, en el sentido que "está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no", afirmó a La Voz.
Aunque, después aseguró que "una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez (Ramos Padilla) lo está imputando de hechos de extorsión".
Cuando el magistrado a cargo de la causa decidió involucrar a la CPM, las principales entidades periodísticas coincidieron en que eso "constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal".
"Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia", sostuvo ADEPA.
Los abogados del periodista de Clarín, Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta pidieron que la medida, sin precedentes en la historia argentina dictada por Padilla, quede nula porque "atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva de la vida en democracia".
El juez imputó a Santoro por supuesta coerción contra el exdirectivo de Petróleos de Venezuela, Gonzalo Brusa Dovat y un supuesto intento de extorsión contra el empresario Mario Cifuentes.