La fiscalía penal de Cañuelas investigará por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, a raíz de la muerte de cuatro jóvenes y las graves heridas sufridas por una quinta víctima, luego de una persecución policial a los tiros ocurrida el 20 de mayo en esa localidad bonaerense.
Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó el fiscal Lisandro Damonte, quien también investigará por el mismo delito a Nelson Julio Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal.
En un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que "la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol".
Masacre de Monte: la justicia abrió una investigación penal contra la intendenta Sandra Mayol, para investigar el incumplimiento de los deberes del funcionario público.https://t.co/cu9rqB26VL pic.twitter.com/pZkfJg3vsS
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) September 5, 2019
En calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, la CPM había pedido que se investigue penalmente a la jefa municipal, solicitud que fue apoyada por los demás particulares damnificados.
La fuente detalló que el fiscal resolvió iniciar una causa por separado para determinar si Mayol y Barrios "conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho".
El 20 de mayo último, los cinco jóvenes iban a bordo de un Fiat Spazio que chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la ruta 3, en San Miguel del Monte. Al momento de la colisión, las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero de dicha ciudad.
Las autopsias revelaron que si bien cuatro de los cinco jóvenes murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo.
En la causa, están procesados con prisión preventiva 10 ex policías bonaerenses y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez, acusados por la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13).
Los ex policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez están procesados por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa".
En la causa, se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez.
En tanto, a los ex policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez les imputó el delito de "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
Además, por encubrimiento agravado le dictó la prisión preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y la ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.