El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes la elevación a juicio oral del caso Skanska, por el que se encuentran procesados el ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, acusados de haber cobrado coimas y por administración fraudulenta.
El representante del ministerio público presentó el requerimiento para la elevación a juicio de los 31 imputados por el caso ante el juez federal que lleva la causa, Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales.
En el caso Skanska se investiga el supuesto pago de coimas a través de facturas falsas con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
El proyecto de Ampliación de Gas 2005 sobre el que data la causa- preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos (los sistemas norte (TGN) y sur (TGS)), el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva planta.
Las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y las presuntas coimas -pagadas en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
"La licitación que debía realizarse como procedimiento regular de contratación no se realizó, y se modificó por un concurso privado al cual se invitaron a unas pocas empresas a participar del procedimiento de adjudicación", explicaron fuentes judiciales.
El juez entendió que "la modificación del procedimiento de contratación (de licitación pública a concurso privado) había sido el punto significativo a partir del cual se dio lugar a los sobreprecios en las obras", indicaron fuentes del caso.
Por el caso también están procesados el ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, y directivos de la ex Skanska -hoy Pecón Servicios Energéticos-, y de 23 empresas que aportaron facturas apócrifas.
Por el caso también fue procesado el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate, que fue el responsable de la auditoría interna que produjo las grabaciones que dieron cuenta del pago de coima, y que en primera instancia no habían sido aceptadas como prueba en el expediente.