El vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, descartó que el Gobierno vaya a rescindir el contrato con la empresa venezolana SmartMatic, encargada de transmitir el escrutinio provisorio de las elecciones del domingo.
Si bien el funcionario defendió fuertemente el desempeño de la empresa y su solidez para llevar adelante la tarea, admitió que evaluará si corresponde alguna "acción" por la demora en la entrega del software electoral.
La compañía entregó al Gobierno el software denominado Smartally el miércoles 7 de agosto, cuando en realidad debía hacerlo el 12 de julio. Por ello, la gestión de Mauricio Macri se lo dio a la Cámara Nacional Electoral (CNE) con 26 días de demora.
En una acción de amparo presentada ante la Justicia el martes, el Frente de Todos solicitó que se aparte a la firma venezolana del operativo de transmisión del escrutinio provisorio del domingo. Los tribunales hasta ahora no se expidieron al respecto.
El Gobierno, no obstante, descartó esa posibilidad. “De ninguna manera evaluamos rescindir el contrato, en todo caso veremos si hay alguna acción que corresponde por ese incumplimiento”, sostuvo Ibarra este jueves en diálogo con La Red, a la vez que minimizó el hecho.
A la licitación pública internacional realizada a fines del año pasado llegaron tres firmas: SmartMatic ofreció sus servicios por 17.093.888 millones de dólares para la cobertura de las primarias, las generales de octubre y un eventual balotaje en noviembre.
Fue el ofrecimiento más barato. La compañía Plataforma Civiciti – Scytl Secure Electronic Voting SA había presupuestado 17.899.042 millones de dólares; e Indra SA –que ha participado en varios comicios anteriores- requirió un pago de 19.235.000 millones de dólares.
Adjudicación y polémica
Si bien SmartMatic no fue la que mejor calificó desde el punto de vista de su capacidad técnica, tecnológica y logística, el Gobierno ponderó por precio y le otorgó la concesión.
SmartMatic debía entregar el 12 de julio dos herramientas: el software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa; y el software de recuento provisional de resultados para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
La Acordada Nº 35/03 de la Cámara Nacional Electoral reivindicó el derecho de las agrupaciones políticas a obtener –en los términos del artículo 108 del Código Electoral Nacional- una copia del software.
Y en Acordada Nº 96/05, se dispuso con carácter genérico que -en lo sucesivo- dicho software debería estar "a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios, 30 días antes del acto electoral" (puntos 1º y 3º).
Esas fueron las normativas que infringió la empresa venezolana. Ahora, Ibarra dijo que “en todas las elecciones eso se ha entregado 96 horas antes de las elecciones, es lo habitual”.
Según el funcionario nacional, ese plazo nunca se cumple porque si la empresa entrega el programa en esa fecha, luego el software “debía ser ajustado por la continuidad las pruebas”.
Pero, en realidad, la Acordada Nº 3/17 de la CNE establece con claridad: “En caso de que se produzcan modificaciones sobre la versión del software previamente puesta a disposición de las agrupaciones políticas, tales modificaciones también deberán ponerse a su disposición”.
Ibarra omitió hablar de esta exigencia judicial. Y dijo: "Nadie reclamó porque la habitualidad es que se entregue 96 horas antes". Y destacó que "en paralelo, se llevaron adelante tres pruebas y la última, muy exitosa, el 20 de julio".
Defensa oficial
En síntesis, el funcionario sostuvo que si bien no entregaron el software en el plazo establecido, se fueron realizando las pruebas necesarias que garanticen la transparencia de las elecciones.
“¿La preocupación es que el proceso de testeo de la transparencia y vulnerabilidad haya sido exitoso o la formalidad de que un día determinado tiene que estar entregado el programa? Las dos cosas se van haciendo en paralelo”, señaló Ibarra y agregó: “En todo caso, analizaremos jurídicamente el no cumplimiento de la entrega, pero lo importante es tener un sistema sólido y transparente”.
"Desde ese lado es que todas las partes entienden (la demora), después está la actitud política y el fundamentalismo vaciado de contenido, ya que ellos nunca practicaron (la transparencia) durante su Gobierno cuando contrataban por contratación directa", dijo Ibarra apuntando contra el kirchnerismo.
No obstante, ayer la diputada nacional Graciela Camaño aclaró que los reclamos no fueron expresados sólo por el kirchnerismo sino también por Consenso Federal, que lleva como precandidato a presidente al economista Roberto Lavagna.
Al respecto, Ibarra destacó que “por primera vez en 20 años”, el escrutinio no lo llevará adelante una empresa por contratación directa. “Hicimos una licitación pública internacional. Queríamos tener las mejores condiciones y que haya competencia”, detalló.
“Si alguna de las empresas que perdieron hubiera habido la menor duda de no calificación o de no aptitud técnica por parte de SmartMatic, los primeros que hubieran impugnado la licitación son los competidores”, argumentó Ibarra.