Juliana Argañaraz
Un juez penal de La Plata dictó la prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos por la muerte de cuatro jóvenes y las graves heridas sufridas por una quinta víctima, luego de una persecución policial a los tiros ocurrida el 20 de mayo en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, en una resolución en la que consideró al hecho como una "masacre de niños indefensos".
La medida fue adoptada por el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, quien además le dictó la falta de méritos y otorgó la libertad a dos policías que estaban acusados por el encubrimiento del hecho, en el que murieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14) y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13).
De esta manera, Silva Pelossi hizo lugar parcialmente al pedido formulado por el fiscal Lisandro Damonte y ordenó que permanezcan detenidos 10 policías y el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez.
En su resolución, a la que tuvo acceso Télam, el magistrado acusó a los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez por el "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa".
En la causa, se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3.
Silva Pelossi ordenó además la preventiva para los policíasFranco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
En tanto, por encubrimiento agravado le dictó la preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y la ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.
En su fallo, el magistrado no hizo lugar al pedido de preventiva y ordenó la libertad de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, a quienes le dictó la falta de mérito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica.
El juez consideró que los 11 imputados deben permanecer detenidos porque a su criterio "tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación".
Para ello, tuvo en cuenta que "la naturaleza y características del hecho son de suma gravedad, a saber por la pluralidad de intervinientes, la nocturnidad, la calidad de funcionarios públicos dotados del deber de resguardar a civiles, el ilícito empleo de armas de fuego y el peligro que ocasionaron a terceros con la persecución inmotivada".
Además tuvo en cuenta "la calidad de menores indefensos de cuatro de las víctimas y del adulto, todo lo cual hace a una agresión homicida inmotivada hasta el momento" y apoyó la calificación de la jueza de garantías que estuvo a cargo de la causa en su ausencia, Mónica Garmendia, en torno a que se trató de "la perpetración de una masacre de niños indefensos".
En cuanto al ex secretario de Seguridad de la comuna, tuvo en cuenta "la demora en la entrega de los soportes digitales a la Intendenta de San Miguel del Monte siendo que en las primeras horas del suceso ya tenía conocimiento de las ilicitudes perpetradas por los efectivos policiales".
También le atribuyó que, pese a haber observado las cámaras de Seguridad del Municipio se comunicó con la intendenta a las 3.30 del día del hecho para anoticiarla que "...había ocurrido un accidente y previo hubo un seguimiento de parte de la policía, y que el hecho no tendría que ver con ese seguimiento" (sic).
El 20 de mayo último, los cinco jóvenes iban a bordo de un Fiat Spazio que chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la ruta 3, en San Miguel del Monte.
Al momento de la colisión, las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero de dicha ciudad.
Las autopsias revelaron que si bien cuatro de los cinco jóvenes murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo.
Lo ocurrido derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de "gatillo fácil".