La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó a la Justicia un pedido de amparo contra la Oficina Anticorrupción (OA), luego de que el organismo conducido por Laura Alonso se negase a entregarle información y documentación en el marco de una auditoría sobre su funcionamiento.
Ante la consulta de este medio, la OA respondió que se trata de una "chicana" política y que ellos siempre cumplieron con los requerimientos de la AGN, como entrevistas y la asignación de un lugar de trabajo dentro de la sede del organismo.
Según detallaron fuentes de la OA, ellos dieron las reglas y las normas que rigen al organismo para que la AGN pueda definir su plan de auditoría. “Sin embargo, la AGN sigue sin presentar su plan de auditoría e insiste en acceder a información que está protegida por el Reglamento de Investigaciones preliminares. Incluso los auditores iniciaron sus tareas hace algunas semanas pero de golpe desaparecieron. Esta controversia tiene que resolverse en sede judicial”, argumentó la fuente de la OA.
La información que la OA no quiere entregar y que desató el conflicto se refiere al listado de investigaciones preliminares que tienen en curso, que son el paso previo a presentarse a la Justicia en caso de considerarlo pertinente. Entregar esa información, afirmaron, violaría el reglamento de la OA y explicaron que no es pública por dos razones: porque su divulgación podría entorpecer la investigación y minar la presunción de inocencia.
Al respecto, Oscar Lamberto, presidente de la AGN, dijo este lunes en conversación con Radio Cooperativa que "cuando nosotros hacemos una auditoria toda la información que viene a nuestro poder es confidencial hasta el momento en que aprobamos el informe y se hace público. Nadie puede decir que no manda la información porque es sensible. Somos un organismo suficientemente responsable con deberes profesionales de confidencialidad".
"Es un caso bastante excepcional, hace casi tres años que soy presidente de la AGN y es la primera vez que tenemos que recurrir a esto", dijo Lamberto y agregó que "siempre hay funcionarios de cada Gobierno que colaboran más que otros, pero finalmente uno accede a la información que es lo que necesitamos para hacer las auditorías".
Sin embargo, "en el caso de la OA, la dilación fue ostensible. Nueve meses sin poder avanzar. En la jerga común se llama el 'ninguneo'", agregó el auditor.
Desde la OA afirmaron que se trata de un conflicto institucional “muy delicado” y una “chicana” política en respuesta al rol que tuvo el organismo en las investigaciones por corrupción contra exfuncionarios del kirchnerismo, entre otros, la condena de José López y los avances tanto en la causa de los Cuadernos como en Vialidad, que actualmente tiene todos los lunes a la expresidenta Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados.
La AGN es un organismo que asiste al Congreso de la Nación en cuanto al control del funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. En particular, esta auditoría sobre la OA fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas como parte del Plan Operativo Anual 2018.
"Dentro de ese Plan aparece la OA, consecuencia de una matriz de riesgo en la cual figuran organismos que nunca fueron auditados. O sea, en 20 años la OA no se auditó nunca", explicó Lamberto.
Desde la OA afirmaron que en los últimos años ellos fueron auditados cuatro veces por la Sindicatura General de la Nación y que esos informes están disposición de la AGN. En cambio, denunciaron la “falta de transparencia” en la AGN, que no comparte sus reglas de auditoría, y piden que defina el plan de auditoría sobre la OA.
Según el escrito presentado por la AGN a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, la OA mantiene una “conducta reticente para brindar en tiempo y forma la información que se solicitara de manera reiterada”.
El pedido de amparo fue firmado por los siete auditores generales que conforma la AGN. Cinco de ellos responden al peronismo y dos al radicalismo. “Fue por unanimidad, lo que muestra el hartazgo, la pérdida paciencia, porque también tiene un costo para el Estado tener el equipo parado nueve meses como consecuencia de una decisión de un funcionario que no colabora”, agregó Lamberto.